El Tribunal de Apelaciones de Primer Turno desarchivó la causa que investiga torturas en Los Vagones, el lugar ubicado en la ciudad de Canelones que funcionó como centro clandestino antes y durante la dictadura cívico-militar.
La Asociación Civil Ágora denunció tiempo atrás a los policías retirados Hugo Guillén, Winston Vitale y Alejandro Ferreira de cometer tortura en el centro clandestino conocido como Los Vagones. La causa había sido cerrada, tras la decisión del juez Luis Sobot de considerar que los delitos investigados prescribieron, pero el fallo del tribunal abre nuevamente la causa y hace que el juicio continúe.
María Julia de Izaguirre, integrante de Ágora, conversó con HOY CANELONES sobre la decisión del Tribunal de Apelaciones y los argumentos de los abogados denunciantes para seguir con el caso.
Hecho trascendente
La integrante de la asociación sostuvo que el tribunal consideró que los argumentos de los abogados de los denunciantes tenían el peso necesario para desarchivar la causa. “Para nosotros, como colectivo, es un hecho muy trascendente. Lo es, fundamentalmente, para la sociedad uruguaya, para la confianza que una sociedad tiene que tener en la Justicia”, destacó.
Los escritos de apelación de los abogados tienen “contundencia y peso desde el punto de vista jurídico”, hacen referencia al derecho internacional y a las propias actuaciones de la Justicia uruguaya en casos anteriores, según de Izaguirre. “Son escritos muy contundentes desde el punto de vista jurídico y humano. Colocan el tema en el lugar donde debe estar. La Justicia tiene que proteger a aquellas personas que sufrieron violaciones a sus derechos”, manifestó.
De lesa humanidad
De Izaguirre sostuvo que, al hacer lugar a las apelaciones, queda claro que lo que se está denunciando y lo que se pretende juzgar son delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura civil y militar, que por su calidad de tal no prescriben. La entrevistada acotó que, con el pronunciamiento del tribunal, queda a un lado la argumentación del juez Luis Sobot, que “considera que los delitos investigados no eran de lesa humanidad y, por lo tanto, establecía que los plazos habían vencido”.
De Izaguirre agregó que lo “más grave” del fallo de Sobot fue considerar que los tiempos a efectos de contabilizar la posible prescripción del delito se debían contabilizar desde el año 1983, en plena dictadura. “Como muy bien lo estableció (uno de los abogados de los denunciantes, Pablo) Chargoñia, el fallo de Sobot nos dejó en un estado de estupor total, porque el juez consideró que en plena dictadura se podían denunciar los delitos que el propio Estado, a través de sus agentes represivos, estaba cometiendo”, lamentó la integrante de Ágora.
Contexto complejo
Para Ágora, la reapertura de la causa es una buena noticia en un contexto complejo para las víctimas del terrorismo de Estado. Días atrás, por ejemplo, el Foro de Montevideo juntó firmas para liberar a los presos de Domingo Arena, detenidos por tortura y demás violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, y el partido Cabildo Abierto presentó un proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años que, según el diputado cabildante Eduardo Lust, “está diseñado” para los internos de la mencionada cárcel.
Ágora se posiciona totalmente en contra de las iniciativas para liberar a los presos de Domingo Arena. “Nos parecen aberrantes estas solicitudes. También nos parece aberrante que desde las máximas jerarquías del Gobierno se pueda estar considerando la posibilidad de tener en cuenta este tipo de pedidos”, lamentó de Izaguirre. “Este tipo de solicitudes coloca en calidad de víctimas a los delincuentes, asesinos, secuestradores, y violadores”, criticó la integrante del colectivo.
Fernando Guerrero
Sumamente Positivo, para Refrescar Memoria de Nuevas Generaciones,Solidificar Democracia y Hacer Justicia!