Un cambio de raíz

En el mes de diciembre, el Ministerio de Salud Pública (MSP) envío al Poder Ejecutivo, un proyecto de ley de salud mental para sustituir el que rige en Uruguay desde 1936. Cuando asumieron las nuevas autoridades, la Comisión Asesora Técnica Permanente del MSP, convocó a organizaciones de la sociedad civil para crear las bases de un nuevo proyecto.

Más de treinta organizaciones con representantes de la academia, usuarios, familiares, asociaciones de profesionales y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), trabajaron en las bases que debería tener esta ley. Para conocer más detalles sobre el proyecto, HOY CANELONES consultó al responsable del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, Ariel Montalbán.

“La ley tiene dos pilares fundamentales: el cambio en el modelo de atención y una perspectiva de garantización del ejercicio de los derechos humanos de las personas que tienen un trastorno psíquico. Ambos están íntimamente relacionados”, explicó en primer lugar el psiquiatra Ariel Montalbán.

Ya desde el comienzo puede verse que se está promoviendo un modelo que implica un cambio en las bases fundamentales del modelo de atención actual. Se habla de una perspectiva de derechos humanos, donde se respeten y garanticen los derechos de los pacientes que tienen trastornos psíquicos. Evidentemente, es que un cambio es necesario: la ley de psicópatas está vigente desde 1936. Tal como se expone en el nuevo texto, tanto en ámbitos institucionales como en la comunidad, son comunes “las violaciones de derechos humanos y la denegación de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales a las personas que sufren trastornos mentales”.

Integral

El modelo que se promueve se alinea con el modelo de salud integral. En este sentido, Montalbán destacó los principios del modelo comunitario: “Atender a las personas y a su familia, con especial atención a sus derechos, en todas sus etapas: prevención, promoción, tratamiento y reinserción educacional, laboral, cultural, social, etc., a la diversidad de géneros, con un enfoque territorial. El centro de atención está en la red, en la familia”.

Montalbán señaló que el proyecto “implica la superación del modelo de estructuras monovalentes”, esto es, hospitales o sanatorios que se dedican específicamente a las patologías psiquiátricas). Se pretende que sean tratados en hospitales como cualquier persona, en las mutualistas. “Este cambio del modelo de atención comprende tanto a los prestadores públicos como a los privados”, agregó el psiquiatra.

Actualmente, las internaciones por patologías psiquiátricas tienen un límite de treinta días. A partir de la ley, si bien se pretende que la internación sea lo más breve posible, si la persona tiene una crisis se internaría sin límites prefijados, las veces que sean necesarias.

Nuevas posibilidades

Uno de los puntos más importantes y destacados de la ley, promueve el cierre de los ingresos a las colonias y en su lugar la generación progresiva de estructuras alternativas, como hospitales de día, residencias asistidas, centros de rehabilitación, apartamentos supervisados y casas con autonomía. Consultado por la situación de las personas que se encuentran actualmente internadas en las colonias o asilos, Montalbán se refirió al porcentaje del PBI que Uruguay invierte en salud (9%), del cual una gran parte se destina a la salud mental. “El mayor porcentaje se destina a los asilos, hospitales, estructuras monovalentes”, señaló. No obstante, actualmente “hay 835 personas internadas en las colonias, 320 en el hospital y un número no determinado en casas de salud en todos el país, en condiciones de vulnerabilidad de derechos, sin las garantías que toda persona necesita. Eso es el indicador claro de que se ha invertido mucha plata y que el resultado no es el esperable en relación con lo que se invierte. Incluso los que pueden acceder a rehabilitación en este modelo son muy pocos”, puntualizó. Vale recordar como uno de los ejemplos más ilustrativos de la vulnerabilidad que sufren las personas internadas, la situación que ocurrió a comienzos de este año cuando un paciente de la Colonia Etchepare murió atacado por una jauría de perros.

Con respecto a los pacientes internados, agregó Montalbán que “algunos podrán ir a algún tipo de estructura de mucho cuidado y capaz que algunos se quedan porque sienten a la colonia como su casa. Pero también hay que darles las posibilidades a los que puedan realizar un proceso de rehabilitación de que esto se realice en otros lugares que los nuevos puedan ser tratados con esta otra manera”. Además, este modelo sería a larga más barato, “aunque en la transición necesariamente hay que invertir porque implica mantener el modelo viejo mientras se va generando el nuevo”. El cambio, por supuesto, no sería de un día para otro: “Estamos hablando de un proceso que va a demorar, los países que se enmarcaron en este nuevo modelo necesitan como mínimo diez años”.

 Entrelazados

Uno de los puntos fundamentales que destacó Montalbán, es que la ley se elaboró a partir de un acuerdo entre muchas organizaciones. “En este momento, hay una base social de organizaciones, actores del estado, de la sociedad civil, usuarios, familiares, voluntad política alineada, están participando parlamentarios. A esta altura se va a sostener porque hay una movilización importantísima. La participación de usuarios y comunidades es clave para sostener estos procesos”, afirmó. El equipo que trabajará con los pacientes será interdisciplinario. En este punto, Montalbán enfatizó la importancia de acompañar a la persona a desarrollar un proyecto de vida de acuerdo a sus posibilidades. “Se trata de un concepto que concibe a la persona en situación de discapacidad no como algo estático sino como un proceso dinámico. Implica un modelo social, que tiene que ver no con un modelo de sustitución de una persona incapaz o capaz sino que se va transitando a un modelo en el que la persona que tiene una discapacidad va siendo apoyada. Para que pueda transitar tiene que tener las posibilidades de los dispositivos a los que pueda acceder se los permita”, dijo. Y ejemplificó: “Una persona que se interna hoy en un hospital psiquiátrico o en la colonia no decide qué comer, cómo vestirse ni qué actividades hacer. Entonces, no es posible que en ese modelo alguien pueda irse recuperando”.

Garantías

La ley también incluye la creación de órganos de contralor “que van a garantizar los derechos de las personas usuarias de los servicios, de las personas que requieren una internación involuntaria, que tengan las mayores garantías. Este organismo estará integrado por actores sociales, trabajadores del Ministerio de Salud Pública, entre otros. En sus competencias va a tener que supervisar que la ley se cumpla, que el proceso de atención se de en las mejores de atención, garantizar los derechos de las personas que son asistidas en todas las redes y en los casos de internación involuntaria”.

En la espera

En este momento, el proyecto se encuentra en proceso parlamentario. Montalbán dice que en el correr del 2016 se irá enriqueciendo con “aportes de entidades diversas que se van a discutir y considerar a nivel parlamentario”. El responsable del Programa de Salud Mental adelantó que desde el Ministerio se encuentran trabajando en un plan “en su organización, sus etapas concretas. Va a tener un trámite largo parlamentario porque les interesa y todos quieren participar”.

Elisa Romego