Se realizó el pasado martes la audiencia de control de acusación por las torturas en Los Vagones. La instancia de control culminará a fines del mes próximo y es probable que se dé inicio al juicio oral luego de esa fecha.
En el juicio de Los Vagones se investigan delitos ocurridos en el centro clandestino de detención y tortura que funcionó en la zona del Parque Artigas, de la ciudad de Canelones, desde fines de los años sesenta hasta el final de la dictadura. Una investigación de la Asociación Civil Ágora, que recoge testimonios de lo ocurrido en el centro, fue clave para avanzar hacia el proceso judicial.
Según informó María Julia de Izaguirre, integrante de Ágora, a HOY CANELONES, el 28 de julio se realizará una nueva etapa de control de acusación y todo parece indicar que se llevará adelante un juicio oral luego de esa fecha.
Por su parte, Pablo Chargoñia, abogado de los denunciantes, informó a este medio que, en la instancia del pasado martes, el juez del caso declaró la “validez formal y sustancial” de la acusación de torturas en Los Vagones. “Luego se dio paso al análisis de la prueba de las partes, tanto de la defensa del imputado como de la Fiscalía, y en la medida de que alguna de las pruebas no eran conocidas por la contraparte, se dispuso una prórroga hasta el 28 de julio”, indicó el abogado. “Hay expectativas de que, habida cuenta de cómo se realizó la audiencia del martes, el juez disponga que esta causa pase a juicio oral y público”, agregó.
En todo momento
De concretarse el juicio oral, será el primer caso de delitos cometidos en dictadura enmarcado en el Nuevo Código de Proceso Penal que pase a esa instancia. “El Nuevo Código les da a las víctimas un rol más activo y presente. Además, habrá oportunidad de que las víctimas declaren en audiencias que son públicas”, sostuvo Chargoñia.
El abogado señaló que en los últimos años ha habido pronunciamientos de otros crímenes de lesa humanidad, ocurridos en dictadura e incluso antes de ese período. El más reciente, mencionó, se vincula con el homicidio del militante del Partido Demócrata Cristiano, Luis Batalla, en 1972. “Es interesante señalar que estos pronunciamientos se sostienen en el concepto de que son crímenes que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos y el tiempo transcurrido no impone el archivo del expediente. Son crímenes imprescriptibles, que pueden y deben ser perseguidos en cualquier tiempo”, valoró.
