Según informa el diario español El Mundo, el Gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, se apronta a retirar la condición jurídica a la Academia Nicaragüense de la Lengua, en lo que representará la disolución de la institución. Al parecer, el Gobierno ha tomado la medida respecto a la Academia y a otras ochenta y tres sociedades de la sociedad civil, consideradas legalmente ONG, por considerar que han incumplido con las leyes de la materia, entre ellas no inscribirse en el registro de “agentes extranjeros”.
La Academia Nicaragüense de la Lengua fue fundada en Managua, en el año 1928, por orden del Legislativo nicaragüense. Desde entonces, según informa el citado medio, la institución ha trabajado ininterrumpidamente coordinada con la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). En su actual composición aparece el escritor Sergio Ramírez, antiguo primer ministro de Nicaragua en los primeros gobiernos de Daniel Ortega, condenado a cárcel y exiliado el pasado otoño.
Luego de conocerse la noticia, en declaraciones al mencionado medio de prensa, el venezolano Francisco Javier Pérez, secretario general de ASALE, manifestó que “el Gobierno de Nicaragua no sólo va contra la Academia, va contra cualquier posibilidad de pensamiento libre en el país. Han identificado la disidencia de Ramírez, de Gioconda Belli y, antes, de Ernesto Cardenal con un sentido político de la Academia, cosa que nunca ha existido institucionalmente. La primera acción contra la Academia fue considerarla como una ONG. Eso ya es muy inexacto. Ahora, al retirarle la condición jurídica, le pone limitaciones operativas. No puede tener una cuenta bancaria, por ejemplo. Pero una academia de la lengua no es una condición jurídica ni una cuenta corriente ni cuatro paredes, que de hecho, nunca han existido, porque a la Academia Nicaragüense nunca le han ayudado a tener una sede ni recibe un centavo de subvenciones. Si hace falta, una academia puede vivir en un café, como ocurría hace un siglo”.
Tras el anuncio gubernamental, la Academia Nicaragüense negó las acusaciones y publicó un informe en el que resume su trabajo actual. Sus colegas de ASALE y la Real Academia Española han lanzado una alarma para salvar a la institución. “La RAE, que defiende las libertades de pensamiento, expresión y asociación como los primeros valores de cualquier sistema de convivencia, respalda y reivindica enérgicamente el legítimo derecho de la Academia Nicaragüense de la Lengua a servir a sus conciudadanos y a hacer posible la participación de Nicaragua, en términos de igualdad, en la preservación del bien cultural superior tanto de la propia nación como de la comunidad de naciones y pueblos que comparten la misma lengua, hoy patrimonio común de casi seiscientos millones de personas en todo el mundo”, ha difundido la Academia española en un comunicado.
E.B.
