Los científicos Luis Aubriot, Claudia Piccini y Guillermo Chalar, así como la ingeniara agrónoma Anahit Aharonian, solicitaron que la Comisión de la Cuenca del Río Santa Lucía se pronuncie sobre el Proyecto de Ley de Riego.
A través de una carta elevada a la Comisión, los académicos sostienen que algunos puntos del proyecto constituyen una amenaza para la calidad del agua. La Ley de Riego se votó por unanimidad en la Comisión de Ganadería del Senado. En Diputados, el articulado comenzó a discutirse la semana pasada pero, por cuestiones de trámite, el tratamiento continúa hoy, a partir de las 16 hrs. HOY CANELONES consultó al ecólogo Luis Aubriot, uno de los firmantes de la carta, sobre la petición a la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía y las consecuencias medioambientales que la academia avizora si el proyecto se aprueba.
Ambiente y ley
La iniciativa de la misiva se dio porque los científicos ven con preocupación a las modificaciones sobre riego. “Planteamos algunos escenarios negativos que podrían ocurrir tras la aprobación. Hay colegas plantean cuestiones sobre el derecho al agua, la modificación de ley plantea la privatización del agua para el riego, y el manejo del agua por actores privados”, dijo Aubriot refiriéndose a los efectos jurídicos.
En el plano medioambiental, el científico se detuvo en los embalses que se generarán para “poder vender” el agua. “Se realizarán embalses a gran escala en todo el territorio. Esto lo vemos como algo extremadamente negativo, porque modifica el régimen hidrológico en el ecosistema, hace que el flujo de agua se vea obstruido por una represa: el agua se ve estancada o retenida y genera consecuencias en el flujo de la biodiversidad”, explicó. En tal sentido, recordó el cierre abrupto de la Represa de Palmar en Río Negro, que generó la muerte masiva de peces. “Se cortó el flujo del río de forma absoluta. Por tanto, muchos peces que buscaban migrar aguas arriba murieron en el intento. En las represas contempladas en la Ley ocurrirán situaciones similares”, indicó.
Otro de los argumentos medioambientales contrarios a los embalses, es el aumento de la evaporación del agua, que “provocará una menor cantidad de agua para los próximos usuarios y ciudadanos”. El tercer aspecto tiene que ver con la producción agrícola. “Las zonas donde se van a generar los embalses son muy productivas, hay una fertilización en sus suelos. Se prevé, entonces, mucho ingreso de nutrientes a esos embalses, lo que sumada a la retención de agua, provocará floraciones de bacterias”, detalló Aubriot.
Sin ida y vuelta
El Parlamento no tuvo una comunicación específica sobre el proyecto con la Facultad de Ciencias, más que una solicitud de documentos de los investigadores que la bancada verde del Frente Amplio pidió. “Las consecuencias negativas de las modificaciones en la Ley de Riego las anunciamos desde el año pasado, con jornadas de trabajo abarcadas por varios tipos de profesionales sobre el tema, desde lo social, lo agronómico lo ecológico, etc.”, informó el científico. “Vemos que esto no ha sido recibido por los actores políticos. No se contemplaron los argumentos que manejamos en los distintos documentos”, agregó.
