Los treinta y tres municipales

“Nosotros no queremos violentar a nadie. Queremos que nos devuelvan nuestro dinero”, dijo Eduardo Rodríguez, uno de los treinta y tres ex funcionarios, hoy jubilado, que firmó la denuncia penal contra el intendente Marcos Carámbula y el secretario general Yamandú Orsi, por retenciones salariales que entienden se hicieron de forma irregular desde el año 2006 al 2010. Los reclamantes aguardan ser convocados por la Justicia para ratificar la denuncia.

En los últimos días tomó estado público una denuncia penal que presentó un grupo de ex funcionarios de la Intendencia de Canelones contra la Administración municipal. La denuncia fue presentada en el Juzgado de 1er. Turno del Crimen Organizado de Montevideo, a través del Dr. José Luis Recaite, abogado defensor de los treinta y tres ex funcionarios de la Comuna Canaria. En la denuncia se acusa, entre otros cargos, de “apropiación indebida” a la Intendencia y, por ende, a sus autoridades encabezadas por Marcos Carámbula y Yamandú Orsi.
HOY CANELONES dialogó con Eduardo Rodríguez, uno de los treinta y tres ex funcionarios que firmó la denuncia, quien brindó detalles de esta acción penal que se acopla paralelamente, por vías distintas, también al juicio civil de los ciento ochenta municipales canarios que reclaman haberes impagos desde el año 2002 al 2005, que no fueron reconocidos por el gobierno frenteamplista al asumir la conducción del departamento.
Uno de los motivos por el cual se decidieron a llevar a adelante la denuncia penal fue porque sintieron que “se habían agotado las vías administrativas”.

De la Civil surge la Penal

Cuando asume Marcos Carámbula en su primer gobierno (2005), no reconoce la deuda por incrementos salariales de la pasada Administración, dirigida por su colega colorado Tabaré Hackenbruch. Con ADEOM, en 2006, la Comuna Canaria celebra un convenio donde se establecieron nuevos incrementos para el primer período de gobierno de izquierda, al que no se plegaron y presentaron su negativa no aceptándolo, los ciento ochenta funcionarios que pretenden que desde ese momento se les abone la deuda generada desde 2002-2005.
Rodríguez explicó que luego de esa instancia “se nos congelan los sueldos, estando en esta situación desde enero de 2006 a diciembre del 2010”. Esto, de acuerdo a lo que manifiesta el ex funcionario, implicó que se les aplique una retención de una parte de sus haberes, no recibiendo los incrementos acordados en el convenio con Carámbula.
Rodríguez señaló que en su caso se jubiló hace poco tiempo y le hicieron la cédula jubilatoria tomando en cuenta lo que la Intendencia aportaba en el BPS, pero “sin la retención mensual que nos hacían”. Esto quiere decir que “hay un montón de dinero que cuando la Intendencia nos pague y haga los aportes a la Caja de Jubilaciones, nosotros deberemos concurrir a hacer una nueva readecuación jubilatoria de los montos y nos generará otra cantidad de dinero en nuestros ingresos”.
Quienes reclaman entienden, y bajo la defensa del Dr. Recaite, que “nadie puede hacer una retención salarial sin la intervención de un Juez. Si en mi caso tuviera una fábrica no podría decir por decir: ‘Le voy a retener $10 del sueldo’. No puedo. Un Juez lo tiene que decidir y autorizar”, indicó Rodríguez.

Desde el 2010 a esta parte

Según contó el entrevistado, la retención duró hasta el año 2010. Desde ese entonces los ciento ochenta funcionarios comenzaron a cobrar sus salarios con los ajustes correspondientes, establecidos en el convenio del 2006, no recibiendo el dinero retenido. La cifra que no cobraron desde el 2006 al 2010, cifra muy importante, se reclama en esta denuncia penal presentada recientemente en la capital del país y la forma en la que se realizó, afirman, se encuadraría en un delito de “abuso de poder”.
Desde enero de 2011 en adelante no se continuó con la retención por parte de la Administración. La respuesta de Rodríguez indica que a su juicio “se habrán dado cuenta que estaban haciendo las cosas mal”. El jubilado municipal afirma que “algo o algún asesoramiento hubo”, para que la Comuna comenzara a pagar los haberes de los ciento ochenta funcionarios en cuestión con la misma escala de incrementos convenidos desde el 2006.
También se explicó la razón por la cual solo treinta y tres de los ciento ochenta funcionarios presentaron la denuncia penal días atrás. “Porque somos jubilados y también para evitarle un problema a las personas que están activas y que reclaman lo informado”, dijo Rodríguez.

¿Cargos?

“Más que nada por apropiación indebida, abuso de funciones, todo lo que dice y presentamos en el Juzgado Penal”, comentó Rodríguez al ser consultado por los cargos que se les adjudican a los responsables del gobierno departamental.
Rodríguez indicó que “la denuncia que hacemos nosotros no creo que sea directamente tanto a Carámbula como a Orsi, porque la Intendencia no es de ellos y es municipal”. Pero a la vez reconoció que al tratarse de una acción penal, alguien “tendría que responder y en este caso si serían Carámbula y Orsi”. Agrega al respecto que precisamente los que firman la Resolución Nº 1373, que provocó el congelamiento de los salarios a estos funcionarios, fueron Carámbula y Orsi. “Por eso ellos están muy involucrados en esto”, dice.
Dicha Resolución de fecha 3 de abril del 2006, firmada por Carámbula y Orsi, establece el reconocimiento al convenio celebrado entre la Intendencia y ADEOM en esa fecha, pero en la parte inferior de la primera hoja del documento textualmente expresa: “El Intendente de Canelones resuelve excluir del convenio suscrito entre esta Intendencia Municipal y el Sindicato ADEOM Canelones, el 24 de enero de 2006, a los funcionarios cuyos listado luce adjunto a estos obrados…”.

¿Qué faltó para no llegar a esta instancia?

El diálogo desde la Comuna estuvo ausente y la voluntad de acercamiento para buscar soluciones al tema también.

Penal y Civil, expectativas

Dos denuncias están en curso: la civil, ya conocida, y ahora la penal. El mensaje tardó en llegar, pero se dio con esta acción judicial penal por parte de este grupo de funcionarios que no están en actividad, “para que vean que lo nuestro no es un juego y noten que hicieron algo mal”, precisó Rodríguez.

¿Por represalia?

Rodríguez no descarta que la actitud de la Comuna contra este grupo de funcionarios haya sido “en represalia” por no haber aceptado las condiciones del convenio en 2006. “El intendente dice que estamos en la contra. Le explico algo: de los ciento ochenta, la mayoría de las personas son del Frente Amplio”, acotó. El tiempo está transcurriendo y cuando llegue el nuevo intendente también “va a tener que dar cuenta a esto, es un tema de dinero y salarios que nos pertenece”, puntualizó.

No hay por el momento testimonios de Carámbula y de Orsi

En la jornada de ayer, HOY CANELONES realizó las gestiones correspondientes para buscar las expresiones sobre el tema del Intendente Marcos Carámbula y el Secretario general Yamandú Orsi.
Fuentes cercanas al jefe departamental expresaron que el mandatario no realizará declaraciones sobre esta denuncia hasta no recibir una citación de la Justicia, hecho que aún no sucedió, aseguró la fuente. Yamandú Orsi tampoco quiso hablar sobre el hecho.
Al solicitarle una entrevista, el secretario de Orsi manifestó “¿qué denuncia?, como haciendo saber que no le dará trascendencia al tema ya que a él, “no le llegó ninguna citación”.

Eduardo Castro