El Plenario de la Junta Departamental de Canelones (JDC) resolvió por mayoría elevar a la Cámara de Representantes una denuncia contra el diputado Eduardo Lust (Cabildo Abierto, CA). Los ediles entienden que el diputado violó la Constitución de la República cuando apoyó al movimiento en contra del proyecto Ferrocarril Central.
El artículo 124 de la Carta Magna sostiene que los legisladores no podrán “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. La inobservancia de lo preceptuado en este artículo importará la pérdida inmediata del cargo legislativo”. El documento aprobado por la JDC establece que el diputado violó el artículo cuando concurrió a la sede del Parlamento Canario a entregar firmas que promueven un referéndum sobre el trazado de las vías del proyecto Ferrocarril Central. La denuncia pasa ahora a la Cámara de Representantes, órgano encargado de seguir con el tema.
El edil Juan Ripoll, uno de los legisladores que argumentó a favor de la denuncia en la JDC, indicó a HOY CANELONES que no existen motivos personales en el planteo. “Se trata de la defensa de las instituciones, que de alguna forma se ven avasalladas por alguien que, no sabemos si por ignorancia o intentando aprovecharse de su investidura de legislador, ha juntado firmas en varios departamentos y ha encabezado gestiones, cosa que está prohibido por la Constitución de la República”, argumentó Ripoll.
Eduardo Lust, por su lado, cree que la interpretación de los ediles es errónea y asegura que no incumplió norma alguna. “Con ese argumento, ningún dirigente político podría apoyar el referéndum contra la LUC (Ley de Urgente Consideración) que está impulsando el Frente Amplio, tampoco (el ministro del Interior, Jorge) Larrañaga podría haber presentado un proyecto de reforma constitucional”, sostuvo el diputado en diálogo con HOY CANELONES.
Contra los desbordes
El diputado Lust, que además es abogado constitucionalista y docente, acompañó la campaña de firmas de vecinos de varios departamentos. En el caso de Canelones, Lust “llegó al tope de sacarse fotos y hacer todo un show propagandístico alrededor de su persona”, según manifestó Ripoll. “Creemos que la democracia debe ser defendida, que los desbordes de abusos de funciones deben ser contenidos y el sistema político debe dar respuesta clara y contundente al respecto”, agregó el edil.
Para Ripoll, la inquietud de los vecinos en contra del trazado del ferrocarril es legítima pero estuvo “mal canalizada y mal aconsejada”, porque quien resuelve acerca de los caminos nacionales o las vías férreas no es la Junta Departamental sino el Gobierno central. “Me llama la atención que esto venga de un docente universitario constitucionalista. La única explicación es que entró hace poco como diputado, quiere hacerse conocer y está haciendo algunas acciones reñidas con las normas que lo habilitan”.
Uno más
El diputado Lust aseguró estar tranquilo y confiado de que no infringió la Ley. Indicó que los ediles “tendrían que leer la Constitución”, y que con el razonamiento de los legisladores departamentales “el referéndum contra la LUC que está impulsando el Frente Amplio no podría tener el apoyo de dirigente político alguno. Tampoco Larrañaga podría haber presentado un proyecto de reforma constitucional”
Lust argumentó que no fue referente ni abogado asesor en la campaña de firmas, solamente acompañó la iniciativa como un integrante más. “Acompañé a los vecinos antes de ser diputado. No necesitaban un abogado para hacer la gestión, yo no les hice una firma letrada, no cobraba honorarios. No patrociné a nadie. Después que salí electo diputado, acompañé a los vecinos a la presentación de las firmas en Juanicó y Canelones. Incluso presenté una nota diciendo que mi comparecencia no implicaba patrocinio alguno”.
Otra interpretación
Para el abogado y docente, la denuncia tiene un lado positivo. “El procedimiento que los ediles plantean no tiene antecedente en el Derecho uruguayo. Eso va a permitir un material bueno para estudiar desde el punto de vista académico”, sostuvo.
El diputado cabildante argumentó que el artículo 124 implica “que una persona que es legisladora, para que no abuse de una situación ‘privilegiada’, no pueda tramitar asuntos en representación de un tercero. Interpretar acompañar un referéndum como un tercero es novedoso: nunca lo había oído en mi vida”.
Fernando Guerrero
