A raíz del planteo y la información proporcionada por un grupo de vecinos del departamento de Canelones, la Junta Departamental desestimó la iniciativa que llevaba adelante la Intendencia en relación a un extenso predio sobre las costas del río Santa Lucía. El padrón en cuestión iba ser desafectado en su uso público para ser vendido con el objetivo de pagar una deuda que la Comuna mantiene con ANCAP.
Más allá de los avatares de la gestión pública, el caso ilustra de ejemplar manera lo que se puede lograr cuando la ciudadanía y sus representantes establecen un diálogo fructífero y respetuoso por el bien de toda la comunidad. LA PÁGINA VERDE de la fecha se propone relatar los hechos en la voz de sus protagonistas.
Protección del monte nativo
Promediando el pasado mes de noviembre, integrantes del Movimiento por un Uruguay Sustentable, de la Asamblea Por el Agua y de Colectivo Espika, fueron recibidos por la Junta Departamental para informarse y plantear su posición sobre la venta de setecientas hectáreas de monte nativo que pretendía llevar adelante la Intendencia de Canelones.
Según manifestó la Mesa de Trabajo de la Asamblea Por El Agua del Río Santa Lucía en un comunicado de prensa emitido el 18 de noviembre último, «la Comuna mantiene una gran deuda con ANCAP, y para saldarla, el Intendente Marcos Carámbula y el Secretario General Yamandú Orsi, solicitaron a la Junta Departamental desafectar del uso público y autorizar la venta de los padrones 2366 de Santa Lucía y 3232 de Ciudad de la Costa». Y agregaban en la oportunidad: «El padrón 2366, que se extiende desde Santa Lucía hasta Aguas Corrientes, es en su mayoría monte ribereño y humedales, que tiene una función vital para el ecosistema y el mantenimiento de la calidad del agua. Este monte es esencial para amortiguar los efectos del modelo productivo que se viene promoviendo en el país».
Fue así que un grupo de integrantes de las instituciones antes mencionadas se reunieron oportunamente con la Comisión Nº 1 de la Junta Departamental de Canelones (encargada de estudiar los asuntos internos, legales, económicos y financieros), bajo cuya égida se encontraba el planteo que acá nos ocupa.
En la reunión, las organizaciones realizaron una presentación explicando aspectos técnicos y jurídicos, y plantearon que el padrón debe quedar en manos de la Intendencia para uso de las comunidades, y para la recuperación del monte ribereño.
La reunión
«Lo que sabemos es que un particular, hace muchos años, en la década del cuarenta, le donó a la Intendencia estas hectáreas que van desde Aguas Corrientes a Santa Lucía. Es el segundo monte nativo a nivel nacional», señala la escribana Florencia Fernández, integrante del Colectivo Espika.
Siguiendo con la descripción del predio en cuestión, Fernández señala que «hay algunas zonas que son inundables pero, básicamente, se trata de una zona productiva. Ese fue uno de los puntos que más nos llamaba la atención». Consultada por la forma en que el Colectivo se enteró de la situación, Fernández manifiesta que «nos llegó un rumor y, a partir de ahí, nos propusimos confirmarlo en la Intendencia. De esa forma fue que llegamos a reunirnos con la Comisión Nº 1 de la Junta Departamental».
Carlos Dárdano, también integrante del Colectivo Espika, manifiesta que «los integrantes de la Comisión Nº 1 de la Junta Departamental de Canelones escucharon nuestro planteo; les hicimos una serie de preguntas, ellos las estudiaron y después nos contestaron».
En la reunión entre integrantes del Colectivo y la Comisión Nº 1 de la Junta, se les consultó a los ediles sobre el uso que estaba previsto darle al predio una vez vendido, al tiempo que se solicitó acceder al documento por el que la Intendencia adquirió el predio y a los informes jurídicos y notariales de la Comuna sobre el asunto en cuestión. También se pidió conocer el detalle de la millonaria deuda con ANCAP y la posición de los Concejos Municipales involucrados en el tema.
Aprendiendo al andar
Consultado por LA PÁGINA VERDE, el edil Ubaldo Aíta, presidente de la Comisión Nº 1 de la Junta Departamental de Canelones, señaló que «en la última sesión de la Comisión, que fue el pasado lunes 2, devolvimos el expediente al Ejecutivo departamental, por lo que el trámite en la Junta ya no está presente».
Aita señala que el padrón «es un predio de la localidad de Santa Lucía, de algo más de setecientas hectáreas, con monte ribereño hacia el río. Oportunamente hubo un planteo para que fuera incluido en un convenio con ANCAP que establecía que, en caso de que este predio se enajenase, lo producido por esa venta iba a ser volcado para cubrir una parte de la deuda que la Intendencia tiene con ANCAP».
Aíta sostiene que «en función de una discusión interna de nuestra fuerza política y a través del natural funcionamiento que tiene la bancada oficialista con el Ejecutivo departamental, decidimos excluir de esa negociación a este predio». Al ser consultado sobre las razones que motivaron la decisión, el presidente de la Comisión Nº 1 de la Junta Departamental señala que «lo excluimos por un proceso de aprendizaje y valoración de lo que significa el predio, de sus funciones medioambientales que tienen que ver con la presencia de monte nativo, de contención de los arrastres hacia el río, etc.».
¿Y ahora?
Al momento de resumir el movimiento que el expediente remitido por la Intendencia tuvo al llegar a la Junta, Aita señala que «nosotros definimos devolver ese expediente al Ejecutivo departamental y generar una instancia de repensar la situación. Hoy por hoy ese tema no está dentro de las medidas a tomar».
Aíta afirma que se trata de «un predio de propiedad departamental y no tiene una vocación productiva definida, más allá de que allí hay, en parte, un asentamiento de personas».
Carlos Dárdano, por su parte, afirma que «nuestra propuesta es que se realice un plan de gestión sobre este predio en particular. Nos interesa que se conserve y que se haga una gestión sostenible. Si no se hace así, con el tiempo va a pasar lo mismo y alguien va a querer venderlo. Ese predio ya formaría parte del área protegida de los humedales de Santa Lucía».
El final que tuvo este fructífero diálogo entre los vecinos y los tomadores de decisiones, llegó a un buen puerto, tal como asumen las dos partes. «No tengo ningún prurito en decir que todo esto es una situación de aprendizaje para nosotros y que en el intercambio con las asociaciones sociales y entre la propia fuerza política esas cosas se definen mejor», señala el edil Ubaldo Aíta. «Fue un proceso riquísimo de aprendizaje de todos. Usted sabe que la voluntad política se construye de manera muy compleja», finalizó diciendo.
Martín Bentancor
