Informe: Qué de diferente tuvieron los reclamos de municipales por el 43 % que llegaron a la SCJ

Lo jurídico y lo político

Los juicios por adeudos impagos de la Intendencia de Canelones llegaron por primera vez a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). En este informe indagamos sobre las razones que hicieron que el caso alcanzara el máximo órgano jurídico y las repercusiones de la sentencia.

Luego de una puja jurídica de más de diez años y un reclamo de más de quince, uno de los más de setenta casos de aumentos impagos entre 2002 y 2005 a funcionarios de la Intendencia de Canelones llegó a la SJC. La sentencia del máximo órgano jurídico en Uruguay fue a favor de la Comuna y generó posiciones encontradas sobre si establecerá o no un precedente para juicios futuros.

Los juicios por adeudos impagos de la Intendencia de Canelones llegaron por primera vez a la Suprema Corte de Justicia.

El reciente juicio implica a 18 trabajadores de los miles que luchan por cobrar la deuda conocida como el reclamo por el 43%. A pesar de que la mayoría (3 de 5) de los ministros de la SCJ se pronunció a favor de la Intendencia, la votación fue dividida. Uno de los miembros argumentó que los trabajadores tenían derecho a cobrar los aumentos no pagos por la Comuna entre 2002 y 2005.

Para profundizar en el fallo y recordar algunos puntos del histórico conflicto por el 43%, HOY CANELONES conversó con Francisco Legnani, prosecretario de la Intendencia, José Luis Núñez, abogado de los funcionarios reclamantes, y Wilson Gramajo, presidente de la Asociación de Municipales Canarios Activos y Jubilados (AMCAJ).

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Disputa histórica

Se trata del primer caso que alcanza la SCJ. Llegó al órgano máximo por medio del recurso de casación, que permite, luego de una segunda instancia, elevar a la SJC los juicios mayores a las seis mil Unidades Reajustables.

Para Legnani, la sentencia “confirma lo que se ha fallado en los juzgados de primera y segunda instancia en la gran mayoría de los casos”. El prosecretario de la Intendencia aseguró que de los 74 juicios, 27 concluyeron apoyando a la Comuna. “Entendemos que, en caso de que lleguen futuros juicios a esta instancia, la Corte va a expedirse de la misma manera”, opinó Legnani, y adelantó que hay dos juicios más que están en trámite en la SCJ, esperando ser tratados por dicho organismo.

Para el prosecretario de la Intendencia, Francisco Legnani, la sentencia “confirma lo que se ha fallado en los juzgados de primera y segunda instancia en la gran mayoría de los casos”.

Wilson Gramajo, por otro lado, se mostró contrario a “que la Intendencia diga ‘Ganamos 27’, como si fuera un partido de fútbol”. Sostuvo que el litigio ha generado, entre otras cosas, una huelga de hambre en 2002 y una sentencia penal a Tabaré Hackenbruch en 2003, por no pagar los aumentos.

Legnani, por su parte, prefirió no hablar en los medios de comunicación sobre los “argumentos de fondo” del tema y se limitó a dialogar de la información del resultado de la demanda.

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Problemas de caja

La defensa de los funcionarios sostiene que, por normativa, el Ejecutivo canario debió pagar los aumentos. “En 2006, cuando empiezan los juicios, bajo la intendencia del doctor (Marcos) Carámbula, se manifestó que en la medida de que había déficit en la Intendencia no se podían dar los aumentos. Pero la norma presupuestal establecía, como único parámetro objetivo, que haya disponibilidad en tesorería, sin importar si había déficit o no”, destacó el abogado José Luis Núñez.

Desde el Gobierno departamental se calificó al fallo como un precedente que puede marcar una línea de pronunciamientos de la SCJ sobre el tema. Sin embargo, Núñez planteó que existe cierta dinámica en los casos de tribunales colegiados, donde un juez dicta una sentencia y luego pasa diferentes instancias. “La integración de los tribunales siempre cambia. También se modifica, no todos los días pero cambia la integración de la SCJ”, sostuvo.

El largo litigio ha generado, entre otras cosas, una huelga de hambre en 2002 y una sentencia penal a Tabaré Hackenbruch en 2003, por no pagar los aumentos.

Por categorías

Para Gramajo, “los ministros de la SCJ dejan claro que en la Intendencia habrá trabajadores categoría A, B y C. Algunos funcionarios van a cobrar pero otros no, por la forma en que se presentan las demandas en el juzgado”, aseveró. “En Canelones tenemos una posición del juzgado de segundo turno que dice que no a todo, mientras que el juez del tercer turno le da la razón a los trabajadores. Menudo trabajo van a tener los ministros en Montevideo para dirimir este tema”, ejemplificó.

Para el presidente de AMCAJ, los ministros de la SCJ no dicen que los trabajadores no tienen razón sino que se refieren a que no hay disponibilidad en caja. “Por eso buscamos hace años una mesa de diálogo con la autoridades. Llegó la hora de sentarnos en una mesa, decirnos toda la verdad y ver cómo salimos de este problema”, acotó.

Fernando Guerrero