Escriben: Graciela Lugano y María Julia de Izaguirre
(Asociación Ágora Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria)
1975 fue declarado el ‘Año de la Orientalidad’ por el gobierno dictatorial. Hubo durante su transcurso un endurecimiento y consolidación de la dictadura civil y militar, instalada en el Uruguay el 27 de junio de 1973. Esto se materializó en un recrudecimiento de la represión, propio del Terrorismo de Estado, contra grupos políticos de izquierda en ambas orillas del Río de la Plata (coordinaciones represivas binacionales y multinacionales).
Entre el 20 y el 21 de octubre de ese año se inició la ‘Operación Morgan’, que se extendió hasta mediados del año 1976. Esta se concentró en los aparatos de organización y financieros, dirigentes y militantes del Partido Comunista del Uruguay (PCU), de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC) y el Sector Universitario y del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) de reciente creación en Argentina. Por extensión golpeó también a otros sectores políticos opositores y a núcleos sindicales.
La Operación Morgan tuvo un alcance transfronterizo (Uruguay y Argentina) posibilitado por la existencia de coordinaciones de larga data de las fuerzas represivas de ambos países que antecedieron a la firma en Chile del acuerdo “red terrorista transnacional” , conocido como Plan Cóndor.
Se destacan como novedades , entre otras, y además de la ya señalada, que en su planificación y operativa hubo una predominancia de las Fuerzas Armadas, a través de sus organismos de Inteligencia, entre ellos el SID (Servicio de Información de Defensa) así como de la DNII (Dirección Nacional de Información e Inteligencia) policial, coordinados por OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas) de la actual División de Ejército 1, el uso de centros clandestinos en predios policiales o militares, la tortura sistemática y los asesinatos y desapariciones forzadas.
La Operación Morgan en Los Vagones de Canelones
A comienzos de ese mes de octubre, vagones del ferrocarril instalados años atrás para reforzar el espacio represivo de la Fuerza de Choque, ubicada en la entrada del Parque-Prado de la ciudad de Canelones, y los presos que allí se encontraban, fueron trasladados al barrio Olímpico, a un lugar más apartado dentro del Parque, donde funcionaba el Departamento de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Canelones. Esa legalidad solapará durante años la existencia, entre sus muros, de un centro clandestino de detención y tortura. Personal de esa dependencia será el encargado de hacer los allanamientos y las detenciones y de su funcionamiento cotidiano. Será el brazo ejecutor de decisiones militares que llegaban, como hemos podido inferir de documentos y testimonios, a través de oficiales del cuartel de San Ramón.
“Pero después (…) yo no sé cómo me enteré (nos cuenta Miguel) que nos iban a trasladar. Iban a trasladar los vagones a otro lado (…) Que ahí empezamos a ver, a mirar hacia la Ruta 5 y los que eran locatarios decían: esa es la Ruta 5, y allá está la Ruta 11. Era un lugar descampado porque era pasto por todos lados. Un lugar como abandonado ahí, y enfrente había una construcción donde estaban las oficinas del jefe, del Inspector Guillén”.
Según los testimonios recuperados por la Asociación Civil Ágora, en las semanas siguientes al traslado de los vagones (probablemente dos) y de los primeros presos, y con la mano de obra de algunos de ellos, se terminó de preparar el lugar. Se hicieron zanjas para reducir las inundaciones y se completó la construcción de cuatro ‘calabozos’ precarios, de bloques, sin ventanas y con puertas de costanero.
A comienzos de noviembre comenzaron las detenciones masivas, muchas realizadas en horas de la noche o en la madrugada. Personas detenidas en diferentes lugares del departamento en acciones simultáneas y colectivas terminaron en ‘Los Vagones’. La intencionalidad era desarticular los regionales del PCU vertebrados por las rutas 5 y 8: Pando, segunda fase de detenciones en Toledo, Camino del Andaluz y zonas próximas a Avenidas Belloni e Instrucciones. En el transcurso de los meses posteriores fueron detenidos y detenidas militantes de las localidades del eje Ruta 5: La Paz, Las Piedras, segunda fase de detenciones en Sauce y sobre el mes de setiembre nuevamente de las ciudades de Canelones y Santa Lucía.
Los tiempos de permanencia fueron diversos, desde semanas a varios meses, sin pasar al juez y, en muchos casos, sin que las familias supieran el lugar donde se encontraban sus familiares y, en el caso de que lo supieran, no fue por comunicación de los responsables de la detención sino por las dificultades de mantener secretos y clandestinidad en comunidades pequeñas.
La violencia física y psicológica, la tortura, fue el trato recibido por las mujeres y los hombres que estuvieron recluidos en el lugar. La capucha, los plantones prolongados, la falta de higiene y la privación del sueño y de la comida, los golpes y amenazas, las colgadas, los cuerpos desnudos sometidos al frío o al calor intenso, la inmersión, o el anuncio de que se realizaría, en cauces de agua próximos y los simulacros de fusilamiento aparecen en los testimonios de las víctimas, conjuntamente con las diferentes formas de tortura psicológica que acompañaron la privación prolongada e ilegítima de libertad, que en algunos casos y luego de pasar por la Justicia Militar se prolongó por años, primero en la Cárcel de Canelones y luego en los centros de reclusión de Libertad y Punta de Rieles. Todo lo antes dicho quedó fehacientemente demostrado en el Juicio de ‘Los Vagones’, cuya sentencia se conoció el 6 de marzo de 2023.
Se dio además el traslado en “comisión” (eufemismo utilizado para referirse al traslado forzoso de personas detenidas de un centro de reclusión a otro de forma clandestina) de algunos detenidos desde Los Vagones al 300 Carlos, centro clandestino de detención, tortura y desapariciones, que comenzó a funcionar bajo el control de OCOA en el SMA (Servicio de Materiales y Armamento), ubicado en el predio lindero al Batallón de Infantería N° 13, y que fue clave en la ejecución de la Operación Morgan. También se produjeron traslados a ‘Los Vagones’ desde el Penal de Punta Carretas de detenidos ya procesados por la justicia militar, que fueron sometidos a nuevos interrogatorios bajo tortura, lo que es prueba irrebatible de que ‘Los Vagones’, como centros clandestinos de detención y tortura, formaron parte de operativos represivos de carácter nacional (e internacional), en este caso la Operación Morgan. Ahora, como Sitio de Memoria (declarado oficialmente en noviembre de 2019), son testimonio material de la represión que se vivió en las comunidades de los interiores del país, en este caso en el departamento de Canelones, así como del vínculo estrecho existente durante la dictadura entre los diferentes organismos y espacios que llegaron a conformar verdaderas “constelaciones” represivas. Echa por tierra las afirmaciones de que lo ocurrido en el secretismo y clandestinidad de esas paredes, oculto durante más de cuarenta años, constituyeron acciones particulares y desviaciones de poder. La realidad es que fueron parte de un descarnado terrorismo, fríamente planificado y ejercido desde el Estado.
1 Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en Uruguay (1973- 1985) Tomo III
2 Así lo denomina la investigadora Francesca Lessa en su libro ‘Los Juicios del Cóndor. La coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur’.
3 Estas y otras “novedades” son expuestas en el libro ‘El Partido Comunista bajo la dictadura. Resistencia, represión y exilio (1973.1985)’, coordinado por el investigador Álvaro Rico.
