Escribe: Abel Oroño
Como es lógico, esta semana y, por lo menos la próxima también, estará centrada en la asunción del presidente electo Yamandú Orsi y de sus ministros, de los respectivos equipos, así como el enunciado de sus primeras medidas.
El ceremonial comenzará en el Palacio Legislativo, con la asunción del presidente Orsi y de la vicepresidenta Carolina Cosse que será, a su vez, presidenta del Senado y de la Asamblea General y luego se trasladarán a la Plaza Independencia –si el tiempo lo permite– o al Auditorio del SODRE si no es así. Allí se desarrollará el cambio de mando con el presidente saliente.
Como en esta ocasión, el día 2 de marzo y los dos sucesivos son feriados, a partir del miércoles 5 y hasta el viernes 7 se irán produciendo la investidura de los ministros y subsecretarios en sus respectivas sedes, sin perjuicio de que firmar las actas correspondientes el mismo 1° de marzo.
Todas las miradas seguramente traslucirán significativa expectativa, tanto por propios como por ajenos, en la medida en que los que lo votaron, como los que votaron a Álvaro Delgado se verán afectados de una u otro manera por esas disposiciones.
Es lógico que el comienzo de todo Gobierno genere expectativas de cómo se desarrollará, de cuáles serán sus prioridades, del orden en que irá implementando lo que prometió hacer, de las dificultades y resistencias que encontrará. De la conducta de la oposición, si se buscarán acuerdos o se repetirán actitudes cerriles, como en la primera administración de Tabaré Vázquez, en fin, ese será el escenario y veremos cómo se tramita la cuestión.
El pasado lunes 24 de febrero el Gobierno electo, a través del que será secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, trasmitió, a todos los partidos con representación parlamentaria, su propuesta de integración a distintos ámbitos de la próxima administración, con la intención manifiesta de facilitar capacidad de contralor de la misma.
Debe señalarse con mucho énfasis que en estos cuarenta años post dictadura fueron varios los gobiernos que facilitaron, o por lo menos intentaron, que la respectiva oposición cubriera cargos de contralor en diversos organismos.
La excepción fue la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti (por decisión suya) y la primera de Tabaré Vázquez, en la que las negociaciones no se concretaron porque la entonces oposición de los partidos históricos aspiraba a tener capacidad de bloqueo a las decisiones gubernamentales, en particular en el Banco de la República.
Es necesario contextualizar que con la reforma constitucional de 1997, la instauración de la segunda vuelta o balotaje, implementada con la explícita intención de evitar el triunfo del Frente Amplio que, con el sistema anterior hubiera accedido al Gobierno ya en 1999, al ser el partido con mayor caudal electoral, fue exitosa en ese sentido, ejemplificada muy bien por Luis Alberto Lacalle Herrera al expresar como el cambio de los tiempos llevaba a un ‘Herrera’ a convocar a votar a un ‘Batlle’.
No obstante, en 2005 el Frente Amplio no solo fue el partido mayoritario sino que superó el 50% del total de votos emitidos (incluidos los votos anulados y los votos en blanco) por lo que no fue necesaria la convocatoria a una segunda vuelta presidencial.
El impacto de tal resultado electoral fue muy importante para el país y para su gente, como después se palpó y, además, generó algunas reacciones destempladas de los partidos perdidosos y un clima complejo en la medida en que su posicionamiento de desconfianza institucional los llevó a pretender tener capacidad de bloqueo a las futuras decisiones del nuevo Gobierno.
De todas maneras, la participación de la respectiva oposición en diversos cargos de contralor que ha estado presente en la mayoría de los gobiernos post dictadura es una buena cosa para la democracia, que debiera resaltarse en particular, en un escenario en que los contendientes tendrían que visualizarse como adversarios y no como enemigos.
La propuesta trasmitida el lunes 24 supone la oferta de integrar los mismos lugares que el Gobierno saliente dispuso para el Frente Amplio. Vale la pena señalar que el acordar lugares para la oposición en los Entes Autónomos y en los Servicios Descentralizados, no es preceptiva en la normativa uruguaya, aunque se requiere 3/5 de votos en el Senado para su aprobación en primera instancia o mayoría absoluta del mismo, transcurridos 60 días de la propuesta del gobierno.
Los 34 cargos que ocupa hoy el Frente Amplio en el Estado, ofrecidos por el Gobierno de Lacalle Pou, y los que propuso Orsi a la oposición son en UTE, Ancap, Antel, OSE, AFE, Correo, BROU, INAU, INISA, URSEC, Ursea, Banco de Seguros, Instituto Nacional de Colonización, Agencia Nacional de Vivienda, Administración Nacional de Puertos, Corporación Nacional para el Desarrollo, Instituto de Evaluación Educativa (INEED), Junta de Transparencia (JUTEP), Banco Central, Comisión Técnico Mixta del Frente Marítimo y Comisión Administrativa del Río de la Plata. Además, ofreció cuatro ministros en la Corte Electoral (y dos más en la estructura burocrático administrativa), tres ministros en el Tribunal de Cuentas y tres cargos de jerarquía en el Parlamento.
Seguramente en los próximos días retomarán contacto, tanto para eventualmente negociar algún cargo más como para acordar concretamente qué cargos para qué partidos. En este aspecto, eso dependerá de las interacciones entre los partidos de la oposición y la concreción de las aspiraciones a cargos concretos por cada uno de ellos.
Son preocupantes, en términos democráticos, algunas manifestaciones de líderes de la oposición expresadas en estos últimos días, señalando una clara intención de polarizar el clima nacional. Dichas expresiones retoman, de alguna manera la hostilidad –que no discrepancias, que son plenamente legítimas– que rememoran el clima de 2005 mencionado más arriba.
Un primer comentario al respecto tiene que ver con aquello de que en las competencias electorales los demás son adversarios políticos en la búsqueda del respaldo ciudadano y no enemigos sectoriales y/o personales, más allá de las diferencias sustanciales que pudieran tener en sus propuestas a la ciudadanía.
Un segundo comentario, que parece muy pertinente, propone parafrasear los dichos de numerosos integrantes del gobierno saliente –empezando por su presidente– manifestando en 2020 que el pueblo votó lo que votó y, por tanto “hay que dejarlo tratar de hacer lo que dijo que iba a hacer”. Parece obvio que si les tocó ahora perder debieran aplicar el mismo criterio pacíficamente sin más vuelta.
Ello no quita, claro, ejercer la potestad de toda oposición política de controlar el ejercicio del Gobierno desde los ámbitos constitucionales previstos expresamente.
(*)–Politólogo.
