Forma y contenido
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó días atrás el pedido de recusación que OSE había presentado contra el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4° Turno por la actuación en la causa Neptuno.
El Proyecto Neptuno, que busca instalar una planta potabilizadora de agua en San José, se encuentra en pausa debido a un pedido judicial presentado por organizaciones sociales que trabajan el tema. La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, que estuvo presente en el plebiscito que introdujo en la Constitución el artículo 47, que establece que el agua potable debe ser suministrada por el Estado, y el colectivo Tucu-Tucu, integrado por vecinos de la zona donde se pretende instalar la planta, fueron los encargados de acudir a la Justicia.
Las organizaciones entienden que el Proyecto Neptuno no se ajusta a la Constitución y buscan que se aclaren algunas dudas antes de continuar. Ante el planteo, el juez Alejandro Recarey afirmó en junio que “existen bases para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable en infracción constitucional”. Señaló, además, y con base en el testimonio de once investigadores de la Universidad de la República, que en la obra prevista “podrían existir severos riesgos de contaminación” del acuífero Raigón y áreas aledañas. Asimismo, el juez determinó una medida cautelar de “no innovar” en el Proyecto Neptuno hasta que la causa judicial avance, lo que determina que la propuesta hoy se encuentre en pausa.
El juicio ha tenido ya varios capítulos. Según un repaso realizado por el programa radial ‘En Perspectiva’, el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó el pasado 27 de junio la primera recusación contra Recarey, por entender que no era imparcial. En su escrito, y entre otros argumentos, el MSP recordaba el rol que tuvo Recarey cuando en plena pandemia suspendió la vacunación contra el COVID-19 en niños. Pero el Tribunal de Apelaciones en lo civil de 4° Turno descartó este pedido “de plano” y consideró que los planteos del Ministerio “no constituyen prueba alguna que lleven a afectar la imparcialidad del juez”.
A fines de julio, destaca ‘En Perspectiva’, OSE decidió apelar la medida cautelar en sí. Pero, como esa apelación iba a ser estudiada por el Tribunal de Apelaciones antes mencionado, la empresa pública incluyó allí un pedido de recusación de ese colegiado. OSE buscaba apartar de la causa a los ministros Álvaro França, Guzmán López y Mónica Besio por considerar que en su decisión anterior habían cometido “prejuzgamiento” en torno al caso Neptuno.
Ese escrito fue rechazado el 23 de agosto por el propio tribunal. En la sentencia, los ministros expresaron que “no se explica en forma detallada y específica cuál o cuáles de los agravios articulados por OSE no podrían ser resueltos por el tribunal, y el motivo por el cual considera que hay ‘prejuzgamiento’”, según recuerda el programa radial. La demanda de OSE pasó, entonces, a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que la semana pasada se pronunció en contra del planteo del ente público.
Por otra parte, en el pasado mes de octubre se realizó una audiencia pública sobre el tema en la localidad de Rafael Peraza, San José, que no estuvo ajena de momentos de tensión.
Debido proceso
Marcos Umpiérrez, integrante de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía y del Colectivo Espika, dos grupos que están siguiendo el tema de cerca, indicó a HOY CANELONES que la decisión de la Suprema Corte de Justicia “es un avance, da la razón a las organizaciones sociales en lo que implica en relación al artículo 47”.
Umpiérrez agregó que la disposición judicial es “muy clara” y la obra “debe estar detenida” hasta que se completen todos los procesos. “No se ha dado el proceso correspondiente a lo que indica la Constitución. Por ende, no se puede llevar adelante una obra que implica más de cien millones de dólares para el pueblo uruguayo, que además no garantiza en absoluto lo que dice que va a garantizar, que es el agua potable, y tiene un montón de problemáticas ambientales que fueron por demás expuestas en la última audiencia pública”, sostuvo. “Sin embargo, según dicen los vecinos de la zona, se continúan expropiando terrenos y se sigue adelante, haciendo oídos sordos a una disposición judicial que es muy clara”, lamentó.
Fue intensa
El Colectivo Espika, a través de la radio comunitaria Espika FM, fue uno de los medios que cubrió la audiencia pública de octubre. Umpiérrez admitió que la instancia fue “intensa”, porque las empresas del proyecto “pretendieron hablar y dar sus razones, lo cual no correspondía en una audiencia pública”. Además, “muchas organizaciones sociales consideramos que la audiencia no estaba dentro de la ley, porque la Justicia determina que no se puede innovar, y lo que se estaba haciendo al hacer una audiencia pública es seguir adelante con un proceso que en este momento no está legitimado por la ley, que está detenido”.
La participación de OSE, del Ministerio de Ambiente y de la empresa “fue vergonzosa” en la instancia pública, según Umpiérrez. “También hubo algunos desmanes y griterío por parte de la población, porque había mucha gente enojada. Hubo mucha gente preparada, estaba la Facultad de Ciencias, había doctores, magísteres, etc., explicando, por ejemplo, las problemáticas que iba a tener el Acuífero Raigón en función del pólder, porque se pretende hacer una gigantesca piscina en la cual se almacenaría agua para las épocas de mayor salinidad. Esta agua, tal como está propuesto el pólder, se filtraría al Acuífero Raigón, contaminándolo, además de afectar muchas de las plantaciones de una zona que una zona rural productiva”, mencionó.
F.G.
