“Es un poco de charamusca política electoral”

El diputado Alfonso Lereté presentó ayer en la JUTEP una denuncia por la contratación de un funcionario municipal, que fue a prisión por el delito de venta de estupefacientes en 2010 y que reincidió en 2022. La denuncia sostiene que se lo mantuvo en funciones por quince años. La Intendencia de Canelones contestó sobre esta situación.

Ayer se conoció la noticia de que el diputado del Partido Nacional por Canelones, Alfonso Lereté, presentó una denuncia a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) para que se analizara el caso de un funcionario municipal que, en el año 2010, fue procesado con prisión por suministro de estupefacientes. Lereté manifiesta que la Comuna no destituyó al funcionario en ese entonces, y que volvió a reincidir en 2022, en esta oportunidad con un agravante de tráfico de armas y municiones. El diputado nacionalista sostiene que el entonces intendente Yamandú Orsi, actual candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, no rescindió el contrato del funcionario y le aplicó un sumario hasta 2024. El contrato del funcionario quedó sin efecto, finalmente, en marzo del presente año. Sobre esta situación, la Intendencia de Canelones brindó una conferencia de prensa anoche.

Dando explicaciones
En la conferencia hizo uso de la palabra el intendente Marcelo Metediera y el secretario general Francisco Legnani. Metediera comenzó explicando que “la Intendencia de Canelones en ningún caso estuvo omiso a las distintas instancias que acontecieron. Se dio una situación planteada por un ex funcionario de la Intendencia, que ingresó en noviembre del año 1995. Se vio vinculado en dos procesos jurídicos distintos: uno en 2010 y otro, posteriormente, en 2022. En las dos instancias se dieron los procesos jurídicos por las vías administrativas que correspondían para darle las garantías a todas las partes”.
Metediera señaló que “el proceso jurídico que determinó en una primera instancia concluye una investigación administrativa y sumario de sesenta días al trabajador. En una segunda etapa, en 2022, donde por trascendidos de prensa nos enteramos de un ilícito que la Justicia había tomado parte, de hecho, parte de la investigación policial fue solicitada a la Intendencia de Canelones, los sistemas informáticos para detectar en dónde estaba el vehículo que posiblemente tenía algo más de supuestos ilícitos”. Agregó el jerarca que “en función de ello fue que se pidió en ese año la desvinculación de ese trabajador como funcionario municipal, teniendo claro que los ilícitos no los hizo trabajando. Entendemos nosotros el accionar del diputado (Lereté), que refleja lo que históricamente ha hecho en su forma de actuar y lo más sano es informar a la opinión pública”. Metediera añadió que “los dos procesos se hicieron por las vías administrativas, se le dieron garantías. Los dos procesos administrativos jurídicos tuvieron sanciones. Una fue de sesenta días, y en el siguiente, con el atenuante de la sentencia anterior, lo que se resolvió fue la desvinculación de este funcionario”.

Para aclarar
Luego de su exposición, Metediera y Legnani respondieron a algunas preguntas de la prensa para brindar mayores datos sobre la situación. Sobre porqué se cree que Alfonso Lereté realiza esta denuncia luego de haber pasado algún tiempo del caso, Legnani sostuvo que “es un poco de charamusca política electoral. Hubo dos procesos administrativos: uno en 2010 y otro en 2022. En 2010 se realizó el sumario administrativo en la Dirección de Jurídica, se valoraron las pruebas, se toma en consideración testimonios, circunstancias eventualmente agravantes. En este caso se trataba de un funcionario que era adicto y que estaba en rehabilitación en ese momento. Se ponderó por parte de los profesionales actuantes una sanción de sesenta días. Se hizo lo que consideraron los profesionales”. Relató que “luego él reincide en 2022 y ahí es el intendente Yamandú Orsi quien dispone la instrucción de un sumario administrativo que, en definitiva, termina con la desvinculación del funcionario”.
Legnani explicó que el caso no se dirigió a la Junta Departamental porque no se trata de un funcionario presupuestado, sino de un funcionario contratado”. Según expresó el secretario general, el sumario se dispuso en octubre del 2022 y la rescisión del vínculo contractual se determinó en marzo del 2024, que es cuando concluye el sumario. Por su parte, Metediera volvió a insistir en que la denuncia del diputado Lereté obedece a “la instancia electoral en la que estamos. Porque con total claridad se desprende de los expedientes que son dos procesos distintos y que los dos tuvieron la sanción correspondiente. No estuvo quince años en funciones en donde se le pagó el sueldo y no se tomó una acción jurídica”.

Por política
Otro aspecto que señalaron las autoridades durante la conferencia tiene que ver con la mención que se hace en el escrito que se presentó como denuncia de que el funcionario municipal era afiliado al Partido Comunista. Metediera aclaró que “por la información que nosotros sabemos no era afiliado al Frente Amplio y tampoco al Partido Comunista, como planteaba el diputado”.

Jennifer Cassarino