Polémica por decreto

El Decreto Nº 79, aprobado por la Junta Departamental de Canelones (JDC), que establece la regulación de los espectáculos públicos en el departamento de Canelones, generó la polémica debido al impuesto que deben de pagar los organizadores de los eventos en cuestión.

Recientemente, la JDC aprobó el Decreto Nº 79/2014, referente al impuesto a la participación en los espectáculos públicos. El decreto establece que se aplicará un impuesto a la participación en espectáculos públicos, sociales, culturales, deportivos profesionales o amateur, teatrales, cinematográficos, circos, carreras de caballos, desfiles de modas, domas criollas, actividades en boîtes, pubs, que incluyan servicios gastronómicos y similares, bailes públicos y diversiones públicas, que requieran de la autorización y habilitación del Gobierno Departamental para su instalación o realización. El decreto señala que «estarán comprendidos en la presente norma aquellos eventos realizados en espacios y locales privados que se alquilan o cedan para estos fines, más allá del título oneroso o gratuito de la participación del público».

Alcance y formas de pago

Este impuesto puede abonarse de dos formas: mensual, se fija un ficto de 0,04 de Unidad Reajustable (valor al día de la intervención) por persona, de acuerdo a la capacidad habilitada del local, o por la cantidad de eventos a desarrollarse en el mes declarado, el cual deberá abonarse antes del penúltimo día hábil previo al comienzo del mes. El pago eventual se fija un ficto de 0,08 de Unidad Reajustable (valor al día de la intervención) por persona de acuerdo a la capacidad habilitada del local, para cada actividad eventual prevista y declarada. A raíz de este impuesto varias instituciones que prestan sus instalaciones para organizadores de espectáculos o que realizan diferentes eventos en sus espacios se mostraron realmente preocupadas por la ejecución de este decreto, ya que según ellos éste los perjudicaría directamente.

Preocupación

Una de las localidades en donde este decreto tuvo mayor repercusión fue en la localidad de San Ramón. Esta ciudad es reconocida por la gran variedad de espectáculos y eventos que allí se organizan. Fueron varias las instituciones y organizadores privados de esta localidad los que se reunieron con la alcaldesa para expresarle sus inquietudes, generadas a partir de este nuevo decreto.
En primera instancia, HOY CANELONES procuró la palabra de Beatriz Lamas, alcaldesa de San Ramón, para saber su opinión y lo que se está haciendo con respecto a este tema. «Cuando se dio a conocer este decreto, comenzamos a recibir numerosas consultas. San Ramón es una ciudad donde se hacen muchos espectáculos, fiestas y eventos, y la preocupación era mucha. Ellos (los responsables de instituciones), lógicamente, empezaron a preguntar sobre los montos que tenían que pagar, y teniendo en cuenta la situación convocamos a una reunión con los organizadores de espectáculos y los referentes de las instituciones sociales de la ciudad. Ahí conversamos del tema y entendimos sus inquietudes. La idea fue ver cómo hacíamos para intentar revertir la situación y modificar este decreto. Posteriormente, tuvimos una reunión con los ediles de Canelones que son de la ciudad y ellos entendieron lo que nosotros le planteábamos. Entonces, aprovechando que yo tenía que ir a hablar con el intendente Carámbula por otros temas, le planteé este tema», relató Lamas.
La alcaldesa cuenta, sobre la reunión con Carámbula, que «nosotros le explicamos la situación y le planteamos es que en localidades chicas, como la de San Ramón, es muy difícil aplicar este decreto. Por ahí en otras ciudades del departamento es más viable, pero en nuestra localidad es muy difícil. El intendente se mostró muy receptivo y comprendió la situación y, además, se comprometió a encontrarle alguna solución».
Lamas agrega que «las últimas novedades que tenemos es que hay una suspensión del decreto por la Intendencia. Yo estuve hablando con Loreley Rodríguez, prosecretaria de la Comuna, y me dijo que se iba a rever una parte de la reglamentación, pero no sabemos mucho más. Sólo nos comunicaron que le diéramos tranquilidad a las instituciones de que por ahora esto no se iba a aplicar hasta que se tomara una resolución y que había un cuarto intermedio hasta el 8 de agosto. Ahora estamos esperando saber las novedades».

Afectado

HOY CANELONES también conversó con Javier Batista, presidente de la Sociedad Criolla La Estancia, de San Ramón, quien como referente de una institución social de la localidad expresó su crítica y disconformidad ante el decreto aprobado por la JDC. «Si este impuesto se comienza a aplicar, para nosotros va a hacer imposible. Tendríamos que cerrar las puertas de la institución, porque con 600 socios que pagan $90 y así es muy difícil mantener la institución y los empleados», contó.
Para Batista, al momento de implementar el decreto, «no tuvieron en cuenta a las instituciones sociales que le brindan un servicio a los socios. Creo que ahí se confundieron un poquito y nos pusieron a todos en la misma bolsa». Agrega que «en la Criolla se hace un baile al mes y al organizador no le sirve pagar ese monto por baile. Teniendo en cuenta el impuesto tendría que pagar el fijo de $45.000 y si se paga el impuesto mensual serían $78.000, pero para que le sirva al organizador tendría que hacer los cuatro bailes en el mes».
Batista señala que «a raíz de este decreto tuvimos que suspender algún evento por incertidumbre». La institución alquila su local para bailes, fiestas y eventos de todo tipo, además de organizar sus tradicionales actividades para los socios.

Muchas consultas

Ante la situación que se ha producido a raíz del nuevo decreto, consultamos al flamante presidente de la JDC, Roberto Saravia, quien dijo estar al tanto del revuelo que se armó en torno a esta reglamentación. «Recibí muchas consultas sobre el teme. A nosotros nos llegó el Proyecto de Ley de la Intendencia hace bastante tiempo y los ediles lo aprobaron. El otro día estuve con Loreley Rodríguez y me comentó que se estaba viendo de modificar alguna parte, pero no sé más que eso», manifestó.

Diversas interpretaciones

Luego de consultar a distintas voces, todos los caminos conducían a la prosecretaria de la Intendencia, Loreley Rodríguez. «En realidad nosotros tenemos un decreto nuevo, el 79, que regula toda la actividad de espectáculos públicos. Cuando este decreto se reglamenta y se difunde su inminente aplicación, comienzan a aparecer un sinfín de interpretaciones sobre el mismo», señaló. «Sabemos que existe una histórica resistencia de quienes tienen que ser el objeto de este decreto, a no abonarle lo que deben a la Intendencia; es decir, resistencia a pagar lo que corresponde por el troquelado de espectáculos públicos cuando estos son con fines lucrativos, generalmente bailes», agregó.
Rodríguez afirma que la «interpretación que se ha hecho no ha sido muy feliz. Estamos analizando si se pide anuencia para dejarlo sin efecto o si se plantea alguna modificación transitoria. Quienes están trabajando en la redacción del texto son Contralor y Recursos Humanos».

A río revuelto…

Loreley Rodríguez dice que «si observamos el decreto, tiene en su sujeto una base muy amplia de aplicación y eso ha llevado interpretaciones equivocadas y se ha mezclado todo: lo que paga impuesto con aquello que puede ser objeto de exoneración. Esto es como dice el refrán ‘A río revuelto, ganancia de pescadores’, ya que quienes más han planteado inconvenientes respecto a la aplicación de la ordenanza son aquellos que si tienen que aportar por la misma».
La prosecretaria de la Intendencia afirma que «lo que hace un gobierno progresista como el nuestro, cuando hay una normativa vigente aprobada por la Junta Departamental es, hasta no dirimir todas las consultas que tenemos al respecto, dejar la ordenanza en stand by (en este caso fue hasta el 8 de agosto). Lo que seguramente vamos a hacer es proponer una normativa transitoria que sea la que se aplique y pedirle a la JDC ajustes en aquellos artículos que entendemos no es de aplicación hoy en día. Queremos que se regule con una normativa transitoria que está incluida en el decreto vigente», explica.

Ma. Eugenia Núñez