Esta semana se fijaron las fechas del juicio oral y público que se llevará adelante entre el 8 y el 15 de diciembre, por la causa de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura cívico-militar en la ciudad de Canelones.
En esos días, a partir de las 13 hrs., se comenzará con las audiencias en el Juzgado de Paz Departamental de la ciudad de Canelones, siendo citados a declarar tanto las víctimas como testigos denunciantes y testigos de la parte imputada. Los denunciantes fueron privados de libertad durante la referida época en Los Vagones, que ahora funciona como sitio de memoria en la capital canaria.
Las audiencias fueron fijadas por el juez Héctor Iriarte y será la primera vez que hechos vinculados con la dictadura en nuestro país sean regulados por el nuevo Código, según le contó el abogado Pablo Chargoñia a HOY CANELONES. “Después de eso se estará en condiciones de emitir un fallo. Si hay plena prueba será de condena y si no la hay, será de absolución”, explicó.
Especial
El abogado de parte de los denunciantes aseguró que se llegará a una resolución final “de primera instancia”, ya que luego puede haber lugar a las posibles apelaciones de cualquiera de las partes. “La prueba fundamental es la voz de las personas que pasaron por Los Vagones, ese lugar de tortura en el Parque Artigas, de la ciudad de Canelones, que dan cuenta de una práctica sistemática de tortura”, explicó Chargoñia. Los testigos denunciantes fueron víctimas de lesa humanidad, ya que sufrieron un trato “cruel e inhumano”, según indicó el abogado. “Seguramente será una instancia muy dura, pero también reparatoria, porque todos estos casos implicaron muchos años de ocultamiento, de convivir el torturado y el torturador en una misma ciudad”, indicó Chargoñia.
Instancia justa
En primer lugar, la iniciativa fue tomada por la Asociación Civil Ágora, en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, siendo tomado el caso por el equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu. En una primera instancia, el juez Luis Alberto Sobot había indicado que se trataba de crímenes ya prescritos por el paso del tiempo, pero el caso se volvió a abrir por los recursos presentados por la Fiscalía y la parte denunciante.
“Estos son crímenes que tienen naturaleza de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben. Cualquiera sea el tiempo que haya transcurrido, debe desarrollarse un juicio cuando los delitos son cometidos en el marco de masivas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado”, explicó Chargoñia.
M.R.
