Un grupo de colectivos presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque considera que los acuerdos firmados entre UPM y el Estado uruguayo causaron lesiones a la población en general.
Entre los colectivos firmantes se encuentra el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), la Comisión Nacional por el Agua y la Vida y grupos en contra del tren de carga que utilizará UPM de Durazno, La Paz, Progreso y la ciudad de Canelones.
Para conocer más detalles sobre la denuncia presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, HOY CANELONES conversó con Nelson Altieri, referente de la Comisión Nacional por el Agua y la Vida, y con Natalia Zunino, referente local del movimiento en contra del tren de UPM.
Impacto directo
Natalia Zunino es vecina de la ciudad de Canelones y fue una de las impulsoras de la recolección de firmas en contra de que el Proyecto Ferrocarril Central pasara por los centros poblados, una campaña que recogió 15.000 adhesiones en varios puntos del país entre los años 2019 y 2020. La entrevistada comentó que decidieron sumarse a la denuncia porque no hubo una respuesta clara a las firmas presentadas y porque vecinos de la zona ya se han visto afectados por las obras del tren.
Según Zunino, se están cometiendo irregularidades que afectan a los Derechos Humanos de los vecinos. “Las personas que se ven afectadas lo están viendo directamente, porque el tren les va a pasar muy cerca. No hay un estudio previo serio, surgen imprevistos y demás porque (la obra) no fue hecha como correspondía”, destacó. “Todo se está haciendo con mucha arbitrariedad; ni siquiera se va a compensar con una indemnización justa a los afectados”, agregó.
Pocos puestos
Nelson Altieri, por su parte, destacó que son pocos los puestos de trabajo a mediano y largo plazo que la firma finlandesa generará en Uruguay. “UPM es una empresa que saca un gran rédito económico. No actúa como cualquier otra empresa extranjera que viene, invierte y da trabajo, sino que el Gobierno le da toda la ayuda para que se instale por cuatrocientos cincuenta puestos efectivos. Porque después de que se termine la construcción de la planta, UPM solo asignará cuatrocientos cincuenta puestos de trabajo”, sostuvo. El referente de la Comisión Nacional por el Agua y la Vida añadió que el Estado uruguayo pondrá millones de dólares para que la empresa se instale.
Altieri agregó que la instalación de la planta fomenta, además, la forestación como única actividad de producción rural en la zona. “La forestación está quitando la plantación de alimentos y la ganadería”, aseguró el referente del colectivo.
Saltear casilleros
Entre otros puntos, la denuncia señala que la pastera “alteró el procedimiento de autorización ambiental y desconoce las leyes protectoras de Derechos Humanos y medioambiente”. Consultado al respecto, Altieri destacó que “toda empresa que ingresa en la categoría C, según el estudio de impacto ambiental, debe tener varios procesos para su autorización. Aquí se han lesionado varios, porque no se tomó el standard de cómo estaba la zona de la planta, cuál era el estatus de la zona donde se va a instalar la planta”.
F.G.
