El Senado aprobó esta semana, solo con votos del Frente Amplio, el proyecto de ley que reformaría el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, conocido popularmente como la Caja Militar. El articulado busca reducir el déficit anual generado por el servicio de pasividades, que alcanzó los 500 millones de dólares en 2017.
Durante el tratamiento del tema en la Cámara de Senadores, el proyecto tuvo posiciones encontradas: desde las más simpatizantes con la reforma, que planteaban que con el cambio en el servicio habrá “justicia social” para los trabajadores que aportan a otras cajas, hasta las visiones más opuestas, que manifestaron que el proyecto era producto del “resentimiento”.
La iniciativa pasa ahora a Diputados y se estima que la votación se llevará a cabo antes de fin de año. HOY CANELONES consultó a algunos representantes por Canelones sobre el proyecto y la posibilidad de una nueva Ley orgánica para los militares, que se está discutiendo al mismo tiempo que la reforma en el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.
Transferencias
Entre otras modificaciones, la propuesta establece que la tasa de aportación patronal se eleve del 15% al 19,5% y la tasa de aportes del personal activo suba del 13% al 15%.El retiro voluntario acompañará las condiciones del régimen general del BPS: 60 años de edad y un mínimo de 30 años de servicio computados, mientras que para el retiro obligatorio por edad se exigirán 22 años de servicios militares efectivos al personal subalterno y 25 años al personal superior.
El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Sabini (Frente Amplio), indicó que va a acompañar el proyecto. “El estado está transfiriendo más de 500 millones de dólares al año a la Caja Militar, el doble de los que gastamos, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social”, argumentó. “A su vez, esta reforma va a permitir que a futuro los militares de menor rango puedan sostener una jubilación mejor que la que tienen”, agregó.
Para Sabini, la reforma “llevará al régimen de jubilación militar a un sistema más justo para la interna del ejército y para el resto de la sociedad”.
Por partes
El diputado Daniel Radío (Partido Independiente), considera votar en contra del proyecto: “El tema contaba con tres etapas. Primero debíamos discutir qué entendemos por defensa nacional, debate que se dio. La segunda etapa tenía que ver con una ley orgánica que contemple cuántos efectivos precisamos, cómo sería el escalafón, etc., para dar paso a la última parte: la reforma. El Poder Ejecutivo decidió saltearse la segunda etapa”, manifestó.
En tal sentido, Radío cree que la reforma del sistema de retiros y la ley orgánica no se deberían tratar al mismo tiempo. “Si no sabemos qué Fuerzas Armadas queremos, no podemos discutir cómo va a ser el sistema de retiros”, argumentó. “Creo que el problema es que el Ejecutivo precisa hacer caja, pero los grandes problemas del país no se resuelven de ese modo”, manifestó.
Sabini, por su parte, entiende que la reforma de la discusión sobre la Caja Militar debe ir de la mano con el debate de una nueva ley orgánica para las Fuerzas Armadas.
Si hay consenso
El representante Daniel Peña (Partido de la Gente), por su parte, señaló que el proyecto no plantea una reforma integral. “Creemos que hay que avanzar en algunas reformas sobre las Fuerzas Armadas que necesitamos y la estrategia de defensa que el país quiere, pero debemos hacerlo de una forma integral y sustentada en el consenso de todas las fuerzas”, fundamentó.
Para Peña, que se trate la ley orgánica al mismo tiempo que la reforma, demuestra que no hubo “los tiempos ni el ánimo de hacer una reforma con visión de país”.
Fernando Guerrero
