“Hoy la deuda no baja de 200 millones de dólares”

La Intendencia de Canelones se encuentra desde hace años en juicio con parte de su plantilla de trabajadores debido a impagos de aumentos de salarios que se arrastran desde el año 2002. El tema tuvo cuatro años de lucha sindical (2002-2006) y luego pasó a instancias judiciales. Ya transcurrieron más de quince años desde que los juicos comenzaron pero el tema no ha podido resolverse.

Durante el proceso judicial, HOY CANELONES ha conversado con varias partes involucradas en el tema, tomando nota de los trabajadores implicados e incluso de declaraciones del intendente Yamandú Orsi. En esta oportunidad, ofrecemos una entrevista con Natalia Molinari, una de las abogadas que defiende a los municipales en juicio. Hablamos con ella sobre las instancias del conflicto, la pronunciación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) sobre el tema y el clima laboral en el que el proceso judicial se viene desarrollando.

¿En qué etapa están los juicios que usted defiende?

De los juicios que fueron favorables a los trabajadores en primera instancia, cuatro ya pasaron a tribunales de apelaciones en Montevideo y estamos a la espera de los resultados de esa etapa. Otros juicios todavía se encuentran en primera instancia. La pelea viene desde hace diecisiete años atrás. Los aumentos se aprobaron por decreto departamental en el 1995. Se respetaron hasta 2002 pero con la crisis de ese año se dejaron de aplicar. Años posteriores, cuando asume el doctor (Marcos) Carámbula, el aumento se respeta pero solo por un cuatrimestre. Los primeros juicios comenzaron en 2006 y 2007.

En relación al tema, el TCA falló en contra del convenio que la Comuna y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) firmaron en 2006. ¿Por qué?

Lo que el TCA dice al respecto es que la Intendencia tiene que respetar los aumentos pautados para los meses de enero, mayo y setiembre. La Intendencia solo queda habilitada para determinar el porcentaje del aumento pero no la forma. Sin embargo, el documento que Carámbula firma con ADEOM en 2006 establecía que el aumento se haría dos veces al año, cambiando todo lo anterior. Por ese motivo el convenio cae y el TCA recomienda la anulación del mismo (ver recuadro).

¿Puede haber alguna contradicción jurídica con otros convenios? Por ejemplo, el firmado hace unos meses entre intendencia y sindicato…

Todavía no hay una resolución del convenio de hace unos meses, tampoco podemos atacar ese acuerdo. Se firmó pero aún no hay una resolución al respecto y tampoco se está respetando el tema de las designaciones de los cargos contempladas en ese documento.

La Asociación, que reclama por el pago de los adeudos, se ha mostrado dispuesta a conversar con autoridades de la Comuna. ¿El diálogo puede entorpecer las instancias judiciales?  

No. Estos procesos judiciales son largos, desgastantes y caros para el justiciable y la Justicia; estamos hablando de un juico varado entre contestaciones, traslados, nulidades. Ya hace diecisiete años que los trabajadores están en juicio. Por eso es bueno agotar la etapa de diálogo y obtener una mediación: que las dos partes se acerquen, hablen y busquen la solución. Hoy la deuda no baja de 200 millones de dólares. Los adeudos son procesos que vamos a tener que pagar todos los ciudadanos de Canelones y no reconocer el trabajo de los funcionarios creo que es algo aberrante. El diálogo ayudaría a acercar a las partes.

¿En qué contexto laboral se dan estos procesos judiciales?

A medida que me voy acercando a los funcionarios y me van contando sus historias, veo personas que tienen que realizar horas extras y hacer tareas que no les competen a su cargo para llegar a fin de mes. Veo, también, casos de mobbing (acoso laboral) por parte de los cargos medios.

Fernando Guerrero

Primero la norma

La resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), a la que accedió HOY CANELONES, recuerda que “la norma legislativa departamental únicamente faculta a la Administración a determinar el porcentaje de aumento, careciendo de potestad para variar en qué momentos se otorgarán los aumentos salariales”. Ese argumento fue clave para que el TCA fallara en contra del convenio firmado en 2006, que pretendía cambiar los períodos de aumento de sueldo de los trabajadores municipales.