La Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones convocó desde fines del año pasado a elaborar un plan de ordenamiento territorial en conjunto, que contemple las necesidades de la población del campo en Canelones. El debate involucra a organizaciones sociales y productores rurales y tiene como disparador a dos modelos de producción agrícola: la familiar y la industrial.
Los encuentros y matices entre ambos modelos generaron un intercambio extenso, con una primera parada en la elaboración de un segundo documento que se presentará a fines de este mes. Luego de que el segundo trabajo se ponga a discusión, se presentará un escrito concreto ante el Legislativo canario, para que este decida si aprobarlo o no.
El armado del Plan de Ordenamiento Territorial sucede en medio de casos de contaminación y conflicto entre productores del departamento. En diálogo con HOY CANELONES, el director de la Agencia de Desarrollo Rural, Matías Carámbula, defiende las construcciones en conjunto por más que lleven más tiempo que las medidas tomadas solo desde la Comuna, y critica procesos de “poca consulta”, como los generados para la aprobación de las modificaciones de la Ley de Riego.
¿Cómo evalúa el reciente caso del productor afectado en Melgarejo?
Es un caso más que muestra que cuando se empieza a desarrollar un modo de producción desde la agricultura extensiva y no se reconocen las características de Canelones, de predios chicos y familiares, empieza a haber un ruido importante y a generarse problemas de consistencia. Es un problema cada vez es más frecuente en Canelones, y por esto la Comuna decidió armar un plan de ordenamiento con normativa departamental específica, que reconoce las características que hacen a Canelones diferente a otras zonas del país.
Quizá la diferencia con casos anteriores es que el productor que vertió agrotóxicos en Melgarejo no practica una agricultura a gran escala…
Es un tema de los productores y la forma de hacer agricultura. Indudablemente, la mayor cantidad de casos corresponden a productores grandes, pero también hay pequeños que utilizan el mismo paquete tecnológico que genera este tipo de situaciones. En cuanto a la sanción, la Intendencia no tiene injerencia, depende entonces de la normativa nacional. Está actuando el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y el Instituto Nacional de Vitivinicultura. La Comuna no tiene herramientas departamentales y ese es otro de las razones para un plan de ordenamiento territorial, que le otorgaría a la Intendencia de Canelones cierta capacidad de control.
¿En qué etapa está ese ordenamiento territorial?
Planeamos presentar el segundo documento del Plan de Ordenamiento Territorial a fines de noviembre, que incluye propuestas normativas y recoge todas las instancias previas de discusión con organizaciones e instituciones en más de veinte oportunidades. El segundo documento pasará a una nueva etapa de debate público para llegar a un tercer trabajo, que ingresaría a la Junta Departamental el año que viene. Esperamos que a mediados de 2018 la Junta haya terminado el proceso. La Junta es la que define y vota.
¿Cuáles son los puntos a destacar de este segundo escrito?
Incluye separación de aplicación de diferentes productos químicos, incorpora distancias de los productos a cursos de agua mayores a las previstas por la normativa nacional y áreas de amortiguación sobre estos cursos. Todo esto está planteado en cuatro ejes fundamentales: ordenar el territorio con normativa departamental, proyectar la producción familiar como identidad del departamento, proteger el agua y los sistemas de producción de alimentos y garantizar la salud de los habitantes del medio rural.
¿Las modificaciones de la Ley de Riego aprobadas el mes pasado influyeron en la discusión del plan?
No las incluimos a las modificaciones en esta etapa, porque el documento estaba prácticamente cerrado cuando se aprobaron. Es una ley que está pensada para el desarrollo del riego a gran escala en la agricultura, sobre todo en el arroz. Por tanto, no tendría un impacto negativo en Canelones.
Usted participó en una mesa de diálogo con académicos y políticos del Frente Amplio, donde se evaluó al proceso de las modificaciones como arbitrario…
Fue una instancia interna del Frente, para debatir sobre la Ley de Riego. Allí hubo planteos críticos sobre cómo fue el proceso y quiénes participaron del mismo. Creo que faltó una instancia de consulta mucho más amplia, de recibir aportes tanto de la Academia como de las organizaciones sociales. El Frente Amplio y las organizaciones no tuvieron el debate suficiente para que la ley no tenga tanto ruido como el que se generó luego de su aprobación.
Más allá del ruido, ¿cree que estas modificaciones van a ser negativas a nivel nacional?
Creo que hubo un proceso que podría haber sido más democrático en sus contenidos. Sobre el resultado, pienso que el impacto se da a nivel territorial en algunas zonas. No es una ley que se pueda generalizar para todo el país. En esos territorios, el desafió está en cómo incluir las externalidades negativas que pueden generarse tanto en los ciclos biológicos como en las consecuencias ambientales por la acumulación de agua.
La Agencia de Desarrollo Rural
La Agencia de Desarrollo Rural, que dirige el ingeniero Matías Carámbula, fue creada durante el actual período de gobierno departamental. Surgió por entenderse necesario plantear una nueva estrategia de gestión que atienda la especificidad de la realidad del Canelones rural, asumiendo la complejidad y heterogeneidad de la misma, que integra territorios y situaciones diversas. Desde su portal se informa que “asimismo se trata de realidades que son material y culturalmente distintas a las urbanas y requieren por ello miradas y estrategias diferentes de trabajo y gestión, lo cual compromete a la Comuna Canaria, de cara a un tercer gobierno progresista, a realizar un esfuerzo por innovar institucionalmente en materia de Desarrollo Rural. Se crea entonces la Agencia de Desarrollo Rural en el marco de las líneas estratégicas del Plan Estratégico Canario, siendo un área fundamental en la línea del Canelones Sustentable, buscando el desarrollo de las zonas rurales como proceso localizado de desarrollo socio económico de los territorios rurales y de las comunidades que viven en él”.
Fernando Guerrero
