El mes pasado se aprobó la llamada Ley de Riego con destino agrario en la Cámara de Diputados, por 84 votos en 86. Luego, en la votación en particular, se aprobó la sustitución de los artículos 1º y 9º, por lo que el proyecto (que contaba con media sanción del Senado) retornará a la Cámara Alta para finalizar las modificaciones.
Desde Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía se consideran que con esta ley se trata al agua como una mercancía, además de violar el artículo 47 de la Constitución. El referente de Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, Carlos Dárdano, conversó con HOY CANELONES sobre la postura ante este tema. A través de la Ley de Riego “se mercantiliza el agua, se promueve la concentración de la tierra, se va en contra de la soberanía alimentaria y se afecta en gran medida al medio ambiente”, manifestó Dárdano.
Dicho y hecho
La idea de la Ley de Riego se viene discutiendo desde el gobierno de José Mujica (2010-2015), que también tenía a Tabaré Aguerre como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Desde los inicios, el fundamento del proyecto, que se aprobó en el mes de julio, ha sido fomentar la inversión en obras de riego. La ley establece que los productores o personas jurídicas podrán crear asociaciones agrarias de riego.
Dárdano sostuvo que la Ley de Riego “viola la Constitución porque hace que el agua sea una mercancía en vez de un derecho”. Señaló que el agua es la misma siempre y que “no hay agua para riego y agua para beber. Si se hace un negocio con el agua, termina afectando a todos los usos. Si se hace un mercado de agua, quienes inviertan van a sacar ganancias de ellas, con posibilidad de que hayan sociedades anónimas”.
La ley establece que el Poder Ejecutivo puede autorizar “la participación de entidades o fondos propiedad de extranjeros, siempre y cuando esa participación sea minoritaria y no controlante y contribuya a la aplicación de tecnologías innovadoras para elevar la producción y la productividad del sector”. Las obras hidráulicas, según la ley, van a requerir que antes se apruebe un proyecto de obra que la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente) tendría que autorizar. Desde Asamblea por el Agua opinan que aunque la ley prohíbe la creación de sociedades anónimas, el Poder Ejecutivo lo permite ante excepciones. “Eso es una habilitación”, resaltó Dárdano.
Consecuencias directas
Para Carlos Dárdano, la Ley de Riego “implica que el agua es un modelo para que grandes inversionistas se adueñen de ella”, lo que va en contra de la producción de alimentos y promueve el agronegocio. “Cuando aprueban la Ley de Riego están pensando en que venga gente a invertir para proveer de agua a esos cultivos, para intensificarlos más de lo que están. Los cultivos no requieren solo agua, van a requerir más fertilizantes y agrotóxicos. El modelo de monocultivo con agrotóxicos ya ha generado un impacto importante en el medioambiente”, explicó.
Además, el entrevistado se refirió al punto de vista medioambiental. “El represamiento del agua es otro problema, porque el agua estancada genera cianobacterias, que probablemente sean tóxicas, para los seres humanos y animales”, indicó.
Por otra parte, las personas que accedan al agua mediante dinero “van a decidir cuánto tiene que pagar un productor para acceder al agua y eso va a terminar incidiendo en las personas que están cultivando para producir alimentos”, lo que para Dárdano tendrá una consecuencia directa en los productores familiares. “Se van a perder muchísimos productores y van a aumentar las concentraciones de tierras”, enfatizó.
Elisa Romego
