Se realizó una reunión en la ciudad de Canelones por el conflicto entre los judiciales y el Estado

Los funcionarios del Juzgado Letrado de Canelones (Fructuoso Rivera esq. Treinta y Tres) pararon el pasado jueves y recibieron al secretario de asuntos gremiales de la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU), Sandino Schiavone. El secretario hizo una puesta a punto del conflicto entre los judiciales y el Estado, al tiempo que se interiorizó de la realidad de los juzgados de Canelones.

La pugna entre el Estado y los funcionarios judiciales lleva ya seis años, cuando los funcionarios comenzaron a reclamar un aumento que, según afirman, les correspondería por ley. HOY CANELONES habló con Schiavone sobre la reunión en el juzgado canario y la realidad de los judiciales en todo el país.

Entre rechazos y propuestas

El último capítulo del conflicto tuvo el rechazo de los judiciales al ofrecimiento por parte del ejecutivo de recibir un 15% del incremento salarial. El gremio se encuentra en plena elaboración de una propuesta alternativa que priorice el 100% del aumento. “Nos pareció adecuado decirle al Ejecutivo que incorporen lo ofrecido a la adecuación salarial, que demuestre voluntad política para cumplir con la sentencia”, sostuvo el secretario de asuntos gremiales de AFJU.

En esta etapa del problema, la asociación aplica medidas distorsivas en trámites que involucran al Estado. “En la materia civil no tramitamos asuntos de contenido económico en las cuales el Estado es actor”, explicó Schiavone. Otra de las protestas consiste en no participar de los cursos de capacitación del nuevo Código Procesal Penal. “No hemos debatido sobre la pertinencia o no de la reforma del Código, pero entendemos que en el marco del actual conflicto es absolutamente inadecuado que la administración intente una reforma procesal tan ambiciosa como el Código del Proceso Penal”, señaló.

Con respecto al 15% ofrecido por el Gobierno, Schiavone dijo que es un número engañoso. Desde el año pasado percibimos el 7,5 % a cuenta de futuras sentencias. “A pesar de percibirlo, la remuneración de los trabajadores judiciales es baja si las comparamos con el resto de los trabajadores públicos. Un trabajador con 20 o 25 años de antigüedad percibe unos 30.000 pesos nominales”, explicó. Agregó que la otra parte del aumento se dividirá en dos: un 4% para este año y el resto para el año que viene.

Los paros pueden profundizarse

En la reunión del pasado jueves, varios funcionarios locales plantearon la necesidad de generar medidas conflictivas alternativas, que se relacionen con la realidad de cada sede. “Hasta el momento, no disponemos de medidas por departamento sino por materia. Pero no dudamos, si es necesario, endurecer las protestas y tener presente la particularidad de cada lugar”, argumentó el secretario de asuntos gremiales.

Los paros sorpresivos continuarán y es posible que se profundicen. Durarán desde asambleas de pocas horas hasta paros extensos de 24, 48 o 72 horas.

F.G.

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